Desde la perspectiva del interés público la ley que permite la introducción de la televisión digital en Chile tiene diversas falencias en comparación con la legislación internacional tanto en materia de democratización del sistema de medios de comunicación como en cuanto a la libre circulación de las ideas. [Revisar documento descargable]
Pero de aprobarse el veto presidencial corremos el riesgo de empeorar el trabajo legislativo y que la digitalización no signifique ni más ni mejor televisión. En cierta medida el veto sirvió para que nos diéramos cuenta que hay al menos 20 pequeños aspectos importantes que sumados suman bastante: tanto que molestan al sector más conservador del Gobierno de Piñera que ha utilizado todas las instancias reglamentarias para insistir sin resultados en sus posturas. (Primer y segundo trámite parlamentario, comisión mixta, recurso ante el Tribunal Constitucional y ahora el veto).
Después de cinco años se entendía que la ley estaba pronta a ser promulgada fruto de largas negociaciones y acuerdos políticos; entiéndase que muchos de esos acuerdos en su momento contaron con el patrocinio del Ejecutivo, es decir que Piñera puso su firma para patrocinarlos y los parlamentarios los respaldaron y ahora a través del veto, Piñera pone su firma para vetar varios de los aspectos que antes había patrocinado.
A modo de ejemplo, los parlamentarios con la venia del Ejecutivo decidieron que el CNTV deberá adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que en los programas de noticias se respete debidamente el principio del pluralismo, incorporaron en la ley sanciones graves en caso de que las concesionarias no cumplan con las obligaciones legales vigentes para con los trabajadores de las artes y el espectáculo y también incorporaron la obligación de programar semanalmente cierto tipo de contenidos, como por ejemplo “a lo menos cuatro horas” de contenidos culturales además de veintiún minutos por semana de campañas de interés público que el Gobierno defina y que el CNTV ratifique (si se alarga la campaña esta será pagada a precio de mercado), también sugiere borrar que los concesionarios deban a través de su programación dar promoción de los pueblos originarios, su cultura y su lengua, esto porque luego de cinco años mayoritariamente se llegó a la convicción que el traspaso tecnológico no sólo debe asegurar a los concesionarios la migración a formato digital de sus transmisiones, también debe delimitar claramente las condiciones mínimas a cumplir por quienes usufructúan de la concesión de un bien nacional de uso público, el mayor acierto legislativo de la ley en trámite es declarar el espectro electromagnético como tal y definir que su uso y goce está orientado a satisfacer necesidades públicas y colectivas de toda la sociedad. Estas y varias cosas más son las que borra Piñera con artillería pesada y dejará un daño enorme en la ley que se tramita
En rigor legal, el veto es inadmisible en la totalidad de los 28 aspectos porque resulta arbitrario. Arbitrario e impresentable que el Ejecutivo elimine párrafos completos de la ley con aspectos que antes patrocinó y sobre los cuales el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la norma, no acogiendo el requerimiento que presentó la UDI. Piñera usa la fuerza de la ley para modificar con el codo lo que antes firmó con la mano. Según el reglamento, los vetos que no se aprueben no mantienen el texto que habían acordado los parlamentarios; para “insistir en lo ya aprobado” se requieren dos tercios del legislativo. En la práctica, lo aprueben o lo rechacen, el veto de Piñera es una bomba que hunde varios párrafos de la ley que podrían considerarse avances. No es posible con la actual conformación del Senado alcanzar los votos requeridos para que la ley mantenga lo que decidió el Parlamento y no le queda margen de acción al Gobierno que llega, luego de presentado un veto no hay más que votarlo y despachar la ley.
Por presiones del conservadurismo de su alianza política, Piñera vetó la tv digital y con esto se restó de promulgarla. Independiente de lo que el Ejecutivo comunique no es posible que sea despachada por el actual Gobierno, aún si es votada con premura como se intenta en los dos días que quedan de la legislatura que termina, esto es martes 4 y miércoles 5 de marzo.
Aún faltan cinco actos administrativos: el examen de constitucionalidad, la toma de razón por parte de contraloría, (esto demora a lo menos un mes más desde el despacho del veto por parte del Parlamento). Y para que la ley entre en plena vigencia quedan por resolver y promulgar tres actos administrativos que deberán resolver las nuevas autoridades que asumen el Gobierno. Reglamento de la ley, plan de uso del espectro y la asignación de frecuencias.
Columna extraída de la publicación "Piñera, la UDI y el veto a la #TvDigitalChile"
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