Ayer venció la suma urgencia que había puesto el gobierno a la tramitación del proyecto de televisión digital, que -según las disposiciones constitucionales y legales- debió haber sido votado en la sala de la Cámara, a más tardar, el 26 de diciembre.
Pese a que la iniciativa había sido despachada por el Congreso, hace cinco semanas el Presidente Sebastián Piñera envió un veto para tratar de modificar 28 puntos que había aprobado el Parlamento.
Pero hasta la fecha no se han reunido las comisiones unidas de Constitución y Transportes y Telecomunicaciones, que fueron mandatadas por la sala de la Cámara de Diputados para estudiar las observaciones del Mandatario. Sólo una vez que ambas instancias unidas elaboren un informe, corresponde que la sala se pronuncie sobre el veto.
Después de ese trámite, corresponderá al Senado dar su veredicto sobre los cambios planteados por La Moneda.
Sin embargo, las objeciones de La Moneda son cuestionadas por la oposición, donde consideran que el veto profundiza la privatización de la televisión. Frente a eso, algunos diputados de la Nueva Mayoría, mandatados por el bloque opositor, han sostenido dos encuentros con el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, y su subsecretario, Jorge Atton.
“Ha habido conversaciones con el Ejecutivo para analizar los puntos controversiales. La comisión conjunta se reunirá la segunda semana de enero”, señaló el DC Juan Carlos Latorre, uno de los interlocutores junto al PS Marcelo Díaz.
“Discutiremos admisibilidad del veto. Como oposición nos parece un exceso”, sostuvo el PPD Pepe Auth.
Dentro de las materias impugnadas a la ley de TV digital, el Ejecutivo busca regular de mejor forma la definición de pluralismo, la composición del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), corregir la redacción para diferenciar a concesionarios locales y regionales, eliminar la prohibición que pesaba sobre organizaciones religiosas y políticas para obtener medios comunitarios, y precisar el rol de la segunda señal que podría lograr Televisión Nacional de Chile. Además, el veto busca especificar el contenido y duración de las campañas de interés público que pueden ser solicitadas por el gobierno de turno. En esa línea, delega a las concesionarias de televisión la posibilidad de determinar “la forma y contenido de los spots”, que a su vez serán sometidos a la aprobación previa del CNTV.
En sintonía con lo que plantea el gobierno, algunas de estas materias ya habían sido reclamadas ante el Tribunal Constitucional por diputados de la UDI. No obstante, el TC desestimó casi todas las quejas de constitucionalidad presentadas por el gremialismo.
Fuente: LaTercera.cl | Fotografía: Conadecus.cl
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